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El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Posted on May 7, 2019

Fotografía obtenida de Amelia Rueda, disponible en https://www.ameliarueda.com/nota/costa-rica-pionera-dar-independencia-personas-discapacidad-ley-onu

La Constitución Política en su artículo 33 define que

 “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” (Art. 33, Sala Constitucional).

Este derecho permite considerar la posición de Azcárate (1998), respecto a las particularidades y diferencias individuales, donde explica que la concepción de “identidad única” fue puesta en quiebre con el abandono de la idea de unidad, ya que se comenzó a pensar en términos de heterogeneidad, multiplicidad, diversidad, conflictos y tensiones, debido a que la homogeneidad elimina las diferencias.

Dado esto, se propone no discriminar o realizar un trato diferenciado entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica, pues se reconoce que cada persona posee una identidad diferente y particular. Por ello, la Sala Constitucional (Sentencias 2313-95, 3435-92 y 5759-93) ha dicho en numerosas ocasiones que no basta que la parte recurrente afirme sin más que, en un caso dado, se ha producido un trato distinto entre dos sujetos, para tener por demostrado un quebranto al Derecho Fundamental a la Igualdad, puesto que no todo tratamiento diferente, en sí mismo, constituye una violación al artículo 33 de la Constitución Política.

El artículo 12 de la Convención incluye disposiciones en las que los Estados Parte reconocen que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. Las Partes se comprometen a proporcionar el apoyo necesario para el ejercicio de esta, con la protección adecuada y efectiva a fin de que se respeten sus derechos, voluntades y preferencias, siendo estas congruentes a las circunstancias de la persona.

Dichos apoyos, usualmente tomando la forma de una salvaguardia, deben ser aplicados en un lapso corto y se indica que será una autoridad judicial imparcial e independiente quien ejerza los exámenes periódicos para asegurar su cumplimiento, sin permitir que los intereses de terceros ejerzan influencia. La salvaguardia son los

mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el Estado costarricense, en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad.

La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos, de conformidad con los derechos humanos, y/o de influencias indebidas, en detrimento de su calidad de vida.

El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a los derechos, voluntad, preferencias e intereses de la persona con discapacidad, además de ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona, aplicarse en el plazo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos, por parte de autoridad competente, independiente, objetiva e imparcial (Art. 2, Ley 9379).

Asimismo, se asume el compromiso de tomar medidas que garanticen el goce del derecho de las personas con discapacidad de ser propietarias y heredar bienes, ordenar su economía y tener acceso a préstamos bancarios, donde las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de forma arbitraria.

La contextualización anterior permite conocer muchas de las necesidades e importancia que tiene este derecho respecto al desenvolvimiento de la vida de las personas con discapacidad. Por lo que, se considera pertinente su análisis en la Formulación de indicadores e índices sobre los derechos de las personas con discapacidad, (se recomienda ver las publicaciones del blog: “Derechos de las Personas con Discapacidad en Costa Rica” e “Indicadores sobre discapacidad: Impulsando el ejercicio efectivo de los derechos humanos”).

Como se ha mencionado anteriormente en el blog, los indicadores estructurales determinan la entrada en vigor de documentos que aseguran la protección de este derecho. Los indicadores de proceso se plantean para monitorear las acciones llevadas a cabo por las instituciones para procurar que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica; por ejemplo, por medio de un protocolo que garantice procedimientos accesibles para las personas con discapacidad.

Finalmente, los indicadores de resultado miden la satisfacción de las personas con discapacidad en cuanto al cumplimiento de este derecho, por ejemplo, en entidades judiciales, bancarias y municipales, que constituyen lugares en los que se debe resguardar sus derechos económicos y de propiedad.

En el siguiente cuadro se muestran las premisas planteadas alrededor del derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley:

Derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley

EstructuralesProcesoResultado
2 Convención de los Derechos de los Niños y Niñas
3 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
7 Declaración Universal de Derechos Humanos
10 Ley 63 Código Civil
17 Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
23Ley 9379 Ley para la promoción de la Autonomía personal de las personas con discapacidad
25 Normas uniformes para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad
28 Código de la Niñez y la Adolescencia
31 Pacto Internacional de los Derechos Civiles, políticos y culturales
D7.P1 Existencia de un protocolo que determine el procedimiento para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica.
D7.P2 Total de salvaguardas otorgadas para asegurar el reconocimiento como persona ante la Ley de las Personas con Discapacidad
D7.R1 Índice de satisfacción con los mecanismos para ejercer la capacidad jurídica: servicios bancarios, judiciales y municipales
D7.R2 Porcentaje de personas con discapacidad que han recibido la salvaguardas

Fuentes consultadas

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008). Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad. Ley N° 8661 del 29 de setiembre de 2008. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64038&nValor3=74042&strTipM=TC

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2016). Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, Ley No. 9379 del 18 de agosto de 2016 publicada en el Alcance No. 153 a la Gaceta No. 166 del 30 de agosto de 2016. Recuperado el 30 de julio de 2018 de http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/promocionautonomiapersonal.pdf

Azcárate, T., Bartís, M. E., & Werthein, S. (1998). Tensiones feministas: Resignificando lo político. Voces indígenas en foros internacionales, 43.

Sala Constitucional de Costa Rica. (1995). Sentencia 2313-95 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Sala Constitucional de Costa Rica. (1992). Sentencia 3435-92 de las dieciséis horas con veinte minutos del día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

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